El Gobierno cántabro pisa el acelerador en el proyecto de la ola artificial en Ribamontán

El Gobierno de Cantabria ha decidido que la mejor forma de vender un proyecto polémico es repetir la palabra "urgencia" hasta que deje de sonar sospechosa. El consejero de Fomento, Roberto Media, ha anunciado que la piscina de olas de Villaverde de Pontones, en Ribamontán al Mar, contará en pocos días con los informes favorables de Turismo y Deporte dentro de la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), esa figura administrativa que, resumida sin eufemismos, sirve para acelerar trámites que de otro modo tardarían años.

La lógica del Ejecutivo autonómico es sencilla y hasta comprensible sobre el papel: si no construimos nosotros la ola artificial, la construirá otro. "La oportunidad de ser los primeros es esencial" en el norte de España, ha defendido Media, en una carrera contrarreloj que recuerda más a una guerra de ofertas inmobiliarias que a una planificación deportiva. Cantabria quiere llegar antes que nadie porque, una vez haya un Wavegarden en otra comunidad del norte, este dejaría de ser rentable aquí. Traducido: hay que ganarle la carrera a Asturias o al País Vasco.

Empleo sí, pero hagamos cuentas

El argumento del empleo, como siempre, aparece en primera línea. Más de 150 puestos de trabajo durante la construcción y entre 60 y 100 directos tras la puesta en marcha, una cifra que suena bien hasta que se compara con proyectos similares: en Cunit, por ejemplo, se prometían 150 empleos directos y 390 indirectos para un complejo de dimensiones parecidas. Las cifras de Cantabria son más modestas, lo cual al menos tiene la virtud de sonar más creíble que las promesas infladas que suelen acompañar este tipo de anuncios.

Media ha calificado el proyecto de "oportunidad histórica que no podemos dejar pasar" y de "revulsivo" para la zona, el vocabulario habitual de cualquier consejero presentando cualquier infraestructura, sea una piscina de olas o un parque temático. Lo cual no lo convierte en falso, pero tampoco en un análisis muy riguroso.

El agua, otra vez el agua

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Si hay un punto donde el discurso institucional empieza a hacer aguas —nunca mejor dicho— es en el abastecimiento hídrico. Media ha calificado directamente de "mentira" que el proyecto pueda comprometer el suministro de agua de los municipios cercanos, y ha recurrido a una comparación curiosa: el consumo, según él, sería equivalente al necesario para regar unos pocos hoyos de un campo de golf o llenar un par de piscinas.

Es la misma comparación tranquilizadora que se repite en prácticamente todos los proyectos de este tipo en España, desde Cunit hasta Tarragona, donde entidades ecologistas y vecinales llevan años sosteniendo justo lo contrario: que el consumo hídrico de estas instalaciones, en pleno contexto de sequías recurrentes, no es tan menor como aseguran sus promotores. Que el consejero lo llame "mentira" sin más matices, sin cifras concretas de consumo ni estudio hidrológico citado en sus declaraciones, no ayuda especialmente a disipar las dudas, por mucho que apele a que el Gobierno "no lo autorizaría" si pusiera en riesgo el abastecimiento.

Media también ha señalado que la tecnología —previsiblemente Wavegarden, aunque el consejero no la nombra explícitamente— ya funciona en otros lugares, citando como ejemplo las obras cercanas al Wanda Metropolitano de Madrid. Una referencia razonable, aunque conviene recordar que cada instalación de este tipo suele presentarse en su momento con las mismas garantías de bajo consumo hídrico y energético, y que la controversia sobre el agua ha acompañado a prácticamente todos los proyectos similares del país, con mayor o menor fundamento según el caso.

Oposición y "modo campaña"

Frente a las críticas de la oposición política y de varios colectivos, que han calificado el proyecto de "pelotazo urbanístico", Media ha optado por la vía del desdén: ha lamentado que se "pongan pegas" a "lo que sería un sueño en otras comunidades autónomas" y ha apuntado que estamos ya "en modo campaña", dando a entender que las críticas responden más a cálculo electoral que a preocupación real por el territorio.

Puede que tenga parte de razón. También puede que la propia urgencia con la que el Gobierno quiere tramitar el PSIR —antes de que otra comunidad se adelante— sea, como mínimo, tan política como cualquier crítica de la oposición. La diferencia es que unos hacen campaña en contra y otros hacen campaña a favor, y ambos lo llaman de otra manera.